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El Gobierno de Canarias ha exigido al Estado información urgente sobre los recursos, procedimientos y plazos previstos para la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, cuya entrada en vigor está fijada para el próximo 12 de junio. La petición fue trasladada este lunes por la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, tras la reunión del Consejo de Gobierno.
Según explicó la consejera, el Ejecutivo autonómico ha aprobado un informe en el que se constata la «nula información» recibida hasta el momento sobre el despliegue de la nueva normativa europea, pese a la proximidad de su puesta en marcha.
Preocupación institucional
La demanda del Gobierno canario se suma a la carta remitida el pasado 26 de mayo por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. En ella, trasladó la preocupación compartida con el lehendakari vasco por las consecuencias que podría tener la aplicación del nuevo reglamento europeo en ambos territorios.
Clavijo solicitó la convocatoria urgente de una reunión con todas las comunidades autónomas para conocer los detalles de la aplicación del pacto y sus efectos. En su escrito advirtió de que la nueva regulación podría prolongar los periodos de estancia de las personas migrantes en Canarias debido a los controles previstos por la normativa comunitaria.
El presidente autonómico alertó además de que esta situación podría generar «un importante tapón, convirtiendo a Canarias en una suerte de prisión para miles de personas y generando una gran presión para los centros de atención y acogida, ya fuertemente tensionados».
Falta de información
Durante su comparecencia, Candelaria Delgado sostuvo que «Canarias no ha sido tomada en cuenta ni informada sobre cómo afectará a las islas» la entrada en vigor del pacto europeo. La consejera añadió que el Archipiélago sigue sin conocer las condiciones específicas de su despliegue en España ni las consecuencias que tendrá para las comunidades con mayor presión migratoria.
Ante esta situación, el Ejecutivo regional reclama al Ministerio del Interior y a los departamentos competentes información detallada sobre la financiación y los recursos que se habilitarán para cumplir con las nuevas obligaciones sin comprometer servicios esenciales como la sanidad, la educación, la vivienda o los servicios sociales.
Presión sobre el sistema
El informe aprobado por el Gobierno autonómico recuerda que Canarias ha recibido 165.562 personas en 3.216 embarcaciones entre 2020 y 2025. A ello se suma la atención a 2.989 menores migrantes no acompañados que permanecen bajo tutela de la comunidad autónoma.
Delgado destacó que «la presión sobre el sistema autonómico de protección es muy elevada», al tiempo que consideró insuficientes los mecanismos de distribución hacia otras comunidades autónomas y hacia otros países de la Unión Europea.
La consejera insistió en que Canarias ha sido excluida del diseño del Plan Nacional de aplicación del pacto y reclamó la participación activa del Gobierno autonómico en los órganos de seguimiento y en la toma de decisiones relacionadas con la acogida y gestión migratoria.
