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La erupción volcánica de La Palma dejó una huella imborrable en miles de personas que vieron desaparecer en cuestión de horas sus viviendas, sus explotaciones agrícolas, sus negocios y, en muchos casos, buena parte de los recuerdos de toda una vida. Sin embargo, casi cinco años después de aquella emergencia, la experiencia acumulada durante la reconstrucción ha dado lugar a una iniciativa que aspira a trascender las fronteras del Archipiélago y convertirse en una referencia para el conjunto del país.
Ese fue el principal mensaje trasladado por la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, y por el viceconsejero para la Recuperación Económica y Social de La Palma, Pedro Afonso, durante una entrevista en el programa Buenos Días a las 8, dirigido por Dulce María Facundo en Radio Las Palmas.
Ambos responsables defendieron la necesidad de consolidar un modelo jurídico que garantice a los ciudadanos el derecho a recuperar el valor de los bienes perdidos cuando se enfrentan a una gran catástrofe natural. Una fórmula que, según explicaron, no existía en España cuando se produjo la erupción y que ha obligado a desarrollar nuevas herramientas legislativas y administrativas para responder a una situación sin precedentes.
Un derecho inédito
Barreto recordó que, cuando el actual Gobierno autonómico asumió sus responsabilidades en 2023, no existía un marco normativo capaz de dar respuesta a la magnitud de los daños provocados por el volcán.
Ante esa realidad, el Ejecutivo impulsó diversas normas específicas relacionadas con el urbanismo, la actividad agraria y la vivienda pública, además de incorporar a la Ley de Volcanes de Canarias el reconocimiento de un nuevo derecho para los afectados.
La consejera destacó que el objetivo era garantizar que las personas damnificadas pudieran recibir una compensación ajustada al valor real de los bienes perdidos mediante tasaciones públicas y bajo criterios de seguridad jurídica.
Los resultados comienzan a reflejarse en cifras concretas. Según detalló, cerca de 3.400 personas han recibido ya compensaciones económicas, mientras que se han abonado las valoraciones correspondientes a unas 800 viviendas habituales y cerca de 900 fincas agrícolas. También avanzan los pagos relacionados con segundas residencias y otros bienes afectados.
Barreto defendió que este modelo podría aplicarse en cualquier territorio que sufra una emergencia similar, desde inundaciones hasta grandes incendios forestales, y planteó la creación de un fondo estatal específico que permita afrontar este tipo de situaciones mediante la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas.
Reconstruir la vida
Más allá de los números, Pedro Afonso puso el foco en la dimensión humana de la tragedia.
El viceconsejero recordó que miles de personas no solo perdieron propiedades materiales, sino también proyectos vitales construidos durante décadas. Familias enteras vieron desaparecer sus hogares, agricultores se quedaron sin sus explotaciones y muchos vecinos tuvieron que afrontar la incertidumbre de no saber cómo reconstruir su futuro.
Afonso explicó que la oficina creada para atender a los damnificados ha gestionado más de 10.700 atenciones y ha acompañado a unas 7.000 personas afectadas de una u otra forma por la erupción.
Durante los primeros meses, el sentimiento predominante era la incertidumbre. Muchos acudían con documentación incompleta, sin referencias jurídicas claras y sin conocer qué posibilidades tenían para rehacer sus vidas.
Hoy, según indicó, la situación es distinta. Las consultas están centradas en la reconstrucción de viviendas, la recuperación de explotaciones agrícolas y las alternativas disponibles para recuperar la normalidad. A su juicio, ese cambio demuestra que la combinación de apoyo institucional, compensaciones económicas y seguridad jurídica está permitiendo que muchas familias vuelvan a mirar al futuro con esperanza.
Un modelo para España
La entrevista también sirvió para reflexionar sobre la postura que pueden afrontar otras regiones españolas ante fenómenos naturales cada vez más frecuentes.
Tanto Barreto como Afonso coincidieron en que la pregunta que deja la experiencia palmera es sencilla, pero contundente: qué haría cualquier ciudadano si mañana lo perdiera todo.
A partir de esa reflexión, ambos defendieron que las administraciones deben disponer de mecanismos reglados que permitan actuar con rapidez y ofrecer respuestas claras, evitando que la recuperación dependa de decisiones excepcionales o de circunstancias coyunturales.
La consejera destacó que uno de los pilares del sistema diseñado en Canarias ha sido la trazabilidad administrativa. Cada expediente de compensación atraviesa numerosos controles técnicos y jurídicos antes de que se autorice el pago, garantizando transparencia y seguridad en todo el proceso.
Mientras tanto, la recuperación de La Palma continúa avanzando. Nuevas viviendas públicas, proyectos agrarios, infraestructuras y actuaciones de apoyo económico buscan consolidar una reconstrucción que va más allá de los edificios o las carreteras.
La experiencia de la isla ha dejado una lección que sus responsables consideran imprescindible. Las catástrofes naturales pueden destruir patrimonio y alterar la vida de miles de personas, pero las instituciones tienen la obligación de ofrecer herramientas para que nadie quede condenado a empezar de cero sin apoyo ni protección.
