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El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ha denunciado que el gobierno municipal de Carolina Darias haya iniciado la contratación de un servicio privado de vigilancia y seguridad para edificios de vivienda pública que, según la propia planificación anunciada por el Ayuntamiento, "deberían llevar meses, cuando no años, terminados, entregados y habitados por las familias que llevan demasiado tiempo esperando".
Suárez se ha referido al expediente de contratación aprobado por el Ayuntamiento para el "Servicio de vigilancia y seguridad de edificios de vivienda pública", con un presupuesto de licitación de 190.000 euros y una duración inicial de seis meses, prorrogable por otros seis. El contrato se divide en dos lotes, uno para las 76 viviendas del ARRU de Tamaraceite y otro para las 148 viviendas protegidas, locales y garajes de Las Rehoyas -incluido en el plan de reposición Rehoyas-Arapiles.
"Estamos ante una fotografía muy clara de la mala gestión en materia de vivienda. Como las promociones públicas que tenían que estar cumpliendo ya su función social no lo hacen, ahora necesitan seguridad privada pagada con dinero de todos para evitar ocupaciones, daños o deterioros", afirmó el portavoz de la formación nacionalista.
David Suárez recordó que las 76 viviendas del ARRU de Tamaraceite iniciaron sus obras el 24 de noviembre de 2021, con una previsión de realojo de las familias en un plazo de 20 meses. "Eso significa que esas viviendas debían estar entregadas en verano de 2023. Estamos en 2026 y el Ayuntamiento todavía tiene que contratar vigilancia para protegerlas hasta su entrega definitiva", señaló.
El portavoz nacionalista también puso el foco en las 148 viviendas de la Fase 0 del Plan de Reposición de Las Rehoyas, cuyas obras comenzaron el 31 de enero de 2022 y tenían un plazo de ejecución de 23 meses. "Hablamos de una promoción que debía estar terminada a finales de 2023. Dos años y medio después, el Ayuntamiento sigue sin haber culminado todo el proceso para que esas viviendas estén plenamente al servicio de las familias", añadió.
Suárez subrayó que "el problema no es que se proteja el patrimonio público, que evidentemente debe protegerse, sino que hayamos llegado a esta situación por la incapacidad del Ayuntamiento para terminar los trámites, entregar las llaves y poner esas viviendas al servicio de quienes las necesitan".
Para Suárez, "no es normal que el Ayuntamiento tenga que reservar 190.000 euros para vigilar viviendas públicas cerradas". "Ese dinero no debería estar destinándose a custodiar edificios vacíos, sino a que esas viviendas estuvieran abiertas, entregadas y cumpliendo su función", afirmó.
Suárez exigió al gobierno municipal que explique públicamente cuál es la situación exacta de las 76 viviendas de Tamaraceite y de las 148 viviendas de Las Rehoyas, qué trámites faltan para su entrega, cuál es el calendario real previsto y por qué se ha tenido que acudir a un contrato de vigilancia de hasta un año de duración.
