Valido reclama que la reclasificación sanitaria se refleje en las nóminas

La diputada plantea en el Congreso ampliar el reconocimiento a todas las categorías afectadas y garantizar financiación estatal para aplicarlo.

Política

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La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha reclamado este miércoles en el Congreso que la reforma del Estatuto Marco del personal sanitario permita una reclasificación profesional con efectos retributivos para técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, técnicos especialistas sanitarios, celadores y auxiliares administrativos. También ha pedido que el Estado garantice los recursos necesarios para hacer efectivo ese reconocimiento.

 

Durante su interpelación a la ministra de Sanidad, Mónica García, Valido sostuvo que la clasificación actual no se corresponde con las funciones que desarrollan estos profesionales. «El Estado clasifica por debajo de lo que hacen a estos profesionales, de sus funciones y de su actividad diaria», afirmó. Según la diputada, la formación y las responsabilidades exigidas tampoco encuentran una correspondencia adecuada en sus retribuciones.

 

La reclamación se produce mientras continúa la tramitación de la reforma del Estatuto Marco. El Ministerio de Sanidad y los sindicatos alcanzaron en enero un acuerdo sobre el nuevo texto y el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto el 2 de junio, iniciando posteriormente el trámite de audiencia e información pública.


Cristina Valido, junto a representantes de la Plataforma Estatal de Técnicos en Cuidados de Enfermería, colectivo que reclama el reconocimiento de su clasificación profesional y retributiva.


 

Funciones y reconocimiento

 

Valido defendió que los cambios experimentados en los centros sanitarios durante las últimas décadas no han tenido un reflejo equivalente en la clasificación de determinados colectivos. «Cambia la tecnología, cambia la carga administrativa y cambia la tipología de pacientes», señaló antes de resumir que «todo avanza más rápido que su reconocimiento jurídico y su justa retribución».

 

La diputada puso especial atención en las técnicas en cuidados auxiliares de enfermería, a las que definió como uno de los colectivos más numerosos y de mayor contacto con los pacientes. Valido recordó que obtuvieron en 1995 un título oficial de Formación Profesional, aunque continúan encuadradas en el grupo C2, y reclamó que su reconocimiento profesional tenga consecuencias económicas.

 

Según los datos recogidos en la propia nota, más de 136.000 TCAE trabajan en el Sistema Nacional de Salud y en Canarias rondan las 9.000. El informe publicado por Sanidad en julio sitúa entre 136.000 y 137.000 las TCAE que trabajaban en 2025 en el ámbito sanitario del SNS.

 

Reclasificación y financiación

 

Valido pidió que el cambio no quede limitado al reconocimiento formal. Para las técnicas en cuidados auxiliares de enfermería reclamó que el C1 quede reconocido y tenga reflejo en sus nóminas. También planteó modificar la carrera profesional para permitir el acceso anual a los distintos grados y reclamó financiación estatal para afrontar las nuevas retribuciones.

 

La diputada vinculó este último aspecto con los Presupuestos Generales del Estado y defendió que las cuentas públicas deben recoger los recursos necesarios. Tras la respuesta de la ministra, Valido aseguró que espera que el compromiso se concrete «publicando en el BOE el C1 de los técnicos y consiguiendo la financiación necesaria». Además, anunció la presentación de enmiendas durante la tramitación del proyecto.



 

Un Estatuto para todas las categorías

 

En su réplica, Valido insistió en ampliar el foco del debate más allá de médicos y enfermeras. «El Estatuto Marco no es el estatuto de unos pocos grupos», afirmó, sino el de «todas las personas que hacen que el hospital tenga sus puertas abiertas 24 horas».

Coalición Canaria llevará la próxima semana al Congreso una moción consecuencia de la interpelación y buscará el respaldo de los demás grupos parlamentarios. La iniciativa pretende que la reclasificación alcance a las categorías afectadas, tenga consecuencias retributivas y disponga de financiación para su aplicación.