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La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, sitúa el agua, la vivienda, la atención sociosanitaria y la movilidad entre los grandes retos de una isla cuyos servicios e infraestructuras deben responder a una población que, según advierte, «ha crecido muchísimo». García abordó las principales necesidades de Fuerteventura durante una entrevista en Buenos Días a las 8, de Radio Islas - Radio Las Palmas, dirigido por Dulce María Facundo.
Desde que tomó posesión, el 26 de junio de 2023, las obras hidráulicas han ocupado un lugar prioritario en la gestión insular debido a la situación de emergencia hídrica. García cifró en más de 60 millones de euros la inversión realizada para afrontar el problema y aseguró que el Cabildo continúa trabajando para reforzar la capacidad de producción y abastecimiento.
El reto del agua
Entre las actuaciones previstas, la presidenta destacó la planificación, junto al Gobierno de Canarias, de una desaladora en el sur de Fuerteventura con una capacidad de entre 30.000 y 40.000 metros cúbicos. Una infraestructura que García considera fundamental para garantizar la producción de agua que necesita la isla.
Las necesidades se extienden al ámbito sociosanitario. La presidenta recordó que Fuerteventura se encontraba «a la cola» en disponibilidad de plazas y señaló que actualmente se construye una residencia de mayores con 60 plazas residenciales y 30 plazas de día. La previsión trasladada durante la entrevista es que pueda estar terminada en diciembre de 2026 o principios de 2027. A esta actuación se suma un centro de día para Costa Calma cuyo proceso de licitación estaba próximo a iniciarse.
Vivienda y movilidad
La vivienda constituye otro de los frentes de la gestión insular. García cuantificó en casi 200 las viviendas que se están construyendo y en unas 800 las que se encuentran en rehabilitación. El plan de vivienda moviliza cerca de 53 millones de euros con participación de fondos europeos, Gobierno de Canarias, Estado, ayuntamientos y el propio Cabildo.
La movilidad adquiere especial relevancia por las distancias que separan los distintos núcleos de Fuerteventura. García cifró en nueve millones de euros el coste de mantener la gratuidad del transporte, de los que, según explicó, dos millones los aporta el Estado y siete el Cabildo.
La presidenta puso como ejemplo el impacto que los desplazamientos pueden tener sobre la economía familiar. Una persona que viva en Gran Tarajal y trabaje en los hoteles de Morro Jable o Costa Calma puede gastar unos 400 euros al mes. «Eso con la gratuidad del transporte lo estamos evitando», confirmó.
Conectividad y servicios
La conectividad exterior aparece también entre las preocupaciones trasladadas por García. La presidenta defendió el mantenimiento de la línea marítima que conecta Fuerteventura con territorio peninsular y reclamó que reciba la consideración de interés público. Su reivindicación parte de los sobrecostes que soportan las islas no capitalinas y de la necesidad de preservar una conexión que considera fundamental.
En materia de seguridad, García apuntó además a la posibilidad de que la Policía Canaria pueda implantarse en Fuerteventura, con infraestructuras facilitadas por el Ayuntamiento de Pájara. La presidenta planteó esta opción dentro del trabajo coordinado entre las administraciones para ampliar los servicios que recibe la población.
Esa coordinación constituye precisamente uno de los ejes con los que García resume la gestión del Cabildo. Ante el crecimiento experimentado por la población de Fuerteventura, defiende el trabajo conjunto con los seis ayuntamientos, el Gobierno de Canarias y el Estado para obtener financiación y sacar adelante las infraestructuras pendientes.
«Escuchar a la ciudadanía, sentarnos, coordinar con las diferentes administraciones para buscar dinero y empezar a hacer esas obras» es, según la presidenta, el camino seguido durante la legislatura para responder a las necesidades de la isla.
