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El Parlamento de Canarias rechazó este martes una propuesta para que el Gobierno autonómico hiciera pública la relación de ayudas económicas concedidas a los afectados por la erupción volcánica de La Palma. La iniciativa, impulsada por el Grupo Socialista, fue desestimada con los votos en contra de los grupos que sostienen al Ejecutivo regional —Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente—, mientras Vox optó por la abstención.
La diputada socialista Alicia Vanoostende defendió la necesidad de acceder a una información que calificó como básica al tratarse de fondos públicos destinados a la recuperación de la isla tras la erupción del Tajogaite. Según explicó, llevaba meses reclamando la documentación sin éxito.
Transparencia en cuestión
Vanoostende aseguró que lo solicitado es «un listado de ayudas públicas con fondos públicos, nada más», y acusó al Ejecutivo autonómico de obstaculizar el acceso a esa información. Afirmó que el Gobierno «ha hecho lo imposible para evitar darme la documentación», pese a que tanto la Mesa del Parlamento como los servicios jurídicos de la Cámara respaldaron sus peticiones.
La parlamentaria socialista sostuvo que existe una resolución que «exige» la entrega de la documentación y criticó lo que definió como una «actitud de bloqueo» hacia la labor de control parlamentario.
«Han ido cambiando de argumento, buscando excusas y levantando obstáculos, y han perdido cada una de las batallas jurídicas», manifestó durante su intervención.
Críticas a la gestión
La diputada también cuestionó la falta de información sobre el proceso de reconstrucción en La Palma y se preguntó por qué existe, a su juicio, «tanto miedo a la transparencia».
«El pueblo tiene derecho a saber y este Parlamento tiene el deber de vigilar porque quien actúa correctamente no teme dar cuentas ni entregar la documentación», señaló.
Asimismo, advirtió de que el Grupo Socialista continuará reclamando esos datos por la vía judicial al entender que el acceso a la información es una obligación democrática.
«Ningún consejero puede decidir qué información conoce la Cámara y cuál se esconde», afirmó. «Cuando un Gobierno deja de rendir cuentas, lo que se fastidia es la democracia», añadió.
La posición de Vox
Por su parte, la portavoz adjunta de Vox, Paula Jover, justificó la abstención de su formación al compartir el fondo de la propuesta, aunque consideró que el amparo parlamentario debe extenderse a todos los grupos sin distinción.
«El amparo debe darse a todos los grupos parlamentarios y no solo a los que apoyan el Gobierno, a los mayoritarios o a los que están sentados en la mesa», explicó.
La votación volvió a situar el debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el centro de la reconstrucción de La Palma, casi cinco años después de la erupción que transformó la vida de miles de vecinos de la isla.
