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El Gobierno de Canarias ha concluido el procedimiento para declarar Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Monumento, la escultura de Juan de Ávalos García-Taborda ubicada en Santa Cruz de Tenerife, y ha determinado finalmente que la obra no recibirá esta consideración.
La decisión figura en el Decreto 131/2026, de 27 de julio, publicado este lunes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). El Ejecutivo autonómico resuelve así un expediente iniciado después de varias solicitudes formuladas por asociaciones y academias entre 2018 y 2021, que inicialmente habían sido desestimadas por el Cabildo de Tenerife.
En junio de 2024, una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife obligó a la corporación insular a incoar el procedimiento, aunque sin prejuzgar cuál debía ser su resolución definitiva.
Informes desfavorables
Durante la tramitación se emitieron varios dictámenes contrarios a conceder a la escultura la protección solicitada. Entre ellos figura el de la Ponencia Técnica de Patrimonio Arquitectónico, fechado el 28 de abril de 2026, y el aprobado por el Pleno del Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias el pasado 11 de junio.
Este último resulta determinante para la resolución del expediente. Según recoge la información, el artículo 32.1 de la Ley 11/2019 de Patrimonio Cultural de Canarias establece que la declaración de un BIC requiere de forma preceptiva un informe favorable del Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias.
Al haberse pronunciado este órgano en sentido desfavorable, no existe el presupuesto habilitante necesario para conceder a la escultura el máximo nivel de protección patrimonial.
Sin los requisitos legales
El Gobierno de Canarias decreta, por tanto, la no declaración de la obra como BIC al considerar que «no concurren los presupuestos legalmente exigidos» para adoptar esa decisión.
La resolución también ordena cancelar la anotación preventiva de la escultura en el Registro General de Bienes de Interés Cultural del Ministerio de Cultura.
Con este decreto culmina un procedimiento administrativo que tiene su origen en las peticiones planteadas desde 2018 y que posteriormente continuó por mandato judicial.
Posibilidad de recurso
La resolución agota la vía administrativa, aunque todavía puede ser recurrida. Los interesados pueden presentar un recurso de reposición ante el propio Gobierno de Canarias o acudir directamente a la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
